La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por
el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los días 27 y
28 de febrero de 2020 en Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha).

Constituida por más de 100 personas de las 9 universidades públicas, a la reunión de la
Comisión Sectorial de Investigación han asistido los siguientes grupos de trabajo:
Vicerrectores; Unidades de Gestión de la Investigación; Oficinas de Transferencia de
Resultados de la Investigación; Genueve Ediciones; Cultura Científica; Bibliotecas; Proyectos
Europeos; Doctorado y Servicios de Apoyo a la Investigación.

La reunión ha contado con la asistencia del secretario general de Universidades, José Manuel
Pingarrón, quien ha expuesto las líneas generales del Ministerio de Universidades. Pingarrón
ha destacado la armonía y buena coordinación entre el Ministerio de Universidades y el
Ministerio de Ciencia e Innovación, circunstancia que puede favorecer el desarrollo de un
nuevo marco normativo para el desempeño de la función universitaria, docente,
investigadora y de transferencia.

Como resultado de las sesiones de trabajo, los miembros de la sectorial ponen de manifiesto
su preocupación por los siguientes asuntos:

Producción científica: tanto el informe de la Universidad Española en Cifras, como el
ranking de Shanghai, refrendan la resistencia de la producción científica de las universidades
españolas y, particularmente, las del G-9 de Universidades, en el contexto internacional, a
pesar de los recortes presupuestarios en los programas de investigación. Sin embargo, esta
calidad no podrá mantenerse durante mucho tiempo si no se alcanzan los niveles de inversión
en I+D+i de la media europea.

Sexenio de transferencia: la evaluación del plan piloto del sexenio de transferencia no se
ha completado, introduciendo incertidumbres sobre la aplicación de sus efectos en las
universidades, en especial, los efectos económicos y académicos ligados al mismo. Además,
confiamos en que el proceso de evaluación se complete en un tiempo razonable, y esperamos
que se elabore una guía para la próxima convocatoria suficientemente clara, que facilite la
concurrencia en la próxima convocatoria.

Estatuto del Personal Investigador en Formación: las universidades seguimos sufriendo
las consecuencias presupuestarias de los aumentos salariales que introduce el Estatuto del
Personal Investigador en Formación (EPIF). Una parte importante del incremento salarial
sigue recayendo, todavía, sobre los presupuestos de las universidades públicas. Por ello,
solicitamos que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 la partida
necesaria para su aplicación.

Financiación de los programas de atracción de talento: reivindicamos que los
programas estatales de atracción de talento se sufraguen íntegramente por parte del
organismo convocante (incluidas las bajas por ILT, maternidad, paternidad, y otros costes
laborales) ya que la actual exigencia de cofinanciación está derivando en un mayor esfuerzo
por parte de las universidades, concentrando la mayor parte de sus presupuestos para
investigación en esta cofinanciación.

Deducibilidad del IVA para Investigación: frente al cambio de doctrina de la
Administración Tributaria, reclamamos que se mantenga la deducción del IVA para los
gastos de investigación que incluya las adquisiciones de recursos bibliográficos electrónicos.
Recursos bibliográficos y acceso a la información científica: es imprescindible contar
con un recurso nacional de información científica, que incluya WoS, Scopus, IEEE, y otros
recursos de información comunes a todas las universidades y OPIs.

Esto debe acompasarse con medidas incentivadoras de la publicación en abierto. En este
sentido, el G-9 de Universidades estima que el trabajo de la Comisión Sectorial de la Red de
Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) es necesario. Por ello, observamos con
preocupación el efecto que el nuevo reglamento de comisiones sectoriales de CRUE puede
tener sobre grupos de trabajo como el citado anteriormente. Esperamos que esta situación
se solucione de forma satisfactoria y este grupo pueda seguir funcionando en el nuevo
esquema de comisiones sectoriales, al igual que lo hace en el G-9 de Universidades.

Justificación de los proyectos competitivos nacionales: reiteramos nuestra inquietud por
la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales, que ha evolucionado
hacia una complejidad creciente, con criterios cambiantes y de carácter retroactivo, y
conducen a descertificaciones que suelen implicar cuantiosos intereses de demora, lo cual
está suponiendo una auténtica sangría para los presupuestos de las universidades. Un caso
especialmente preocupante es la exigencia de justificación de los costes indirectos en los
proyectos de investigación del Plan Nacional.

Una posible solución sería utilizar sistemas similares a los fondos que provienen de la Unión
Europea, estandarizando los procedimientos de forma que sea más sencilla la justificación y
se utilicen los mismos procedimientos en todos los casos, así como eliminar los intereses de
demora.

Será necesario, en cualquier caso, impulsar la aprobación de una legislación específica
diferenciada de la actual Ley de Subvenciones para las convocatorias que financian
actividades y proyectos de investigación. Esta legislación debería contemplar la utilización de
sistemas de justificación sencillos que permitan comprobar la correcta utilización de fondos
y, además, simplifiquen la actual burocracia que se está exigiendo en las justificaciones
actuales.

Foro Universidad 2030: con el fin de aportar una base sólida para la elaboración de una
nueva ley de universidades, las universidades del G-9, integrantes de la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas (CRUE), llevan un tiempo colaborando, junto con el
resto de universidades españolas, en un completo análisis sobre el futuro de la universidad.

El resultado de este estudio, Foro Universidad 2030, se debatirá en la comunidad
universitaria, próximamente, con motivo del XXV aniversario de CRUE.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las
universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades
Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de
Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de
Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de
Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal
Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.

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